La resolución judicial, dictada por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el 7 de enero de 2026, no fue recurrida por el actual Ejecutivo regional. Esta sentencia anula las decisiones tomadas en julio de 2021 por el entonces vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que exigían al consistorio el reintegro parcial de las aportaciones recibidas en 2017 y 2018 para la construcción del edificio de aparcamientos de Arguineguín.
El conflicto surgió por el aumento del coste del proyecto, que pasó de 5.997.556 euros a 8.322.885 euros. El Gobierno de Canarias del mandato anterior argumentó que, al incrementarse el coste, el porcentaje de financiación del Fdcan se redujo del 83,65% al 60,98%. Por ello, consideraba que la justificación de las anualidades de 2017 y 2018 debía ajustarse a este nuevo porcentaje, lo que implicaba un supuesto exceso de financiación por parte de Mogán.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Mogán defendió que el sobrecoste fue asumido íntegramente con fondos propios, sin alterar la asignación del Fdcan. La sentencia del TSJC, con el magistrado José Suay como ponente, concluye que el consistorio cumplió estrictamente el convenio inicial, que fijaba una aportación de 1,5 millones de euros para las dos primeras anualidades y 2 millones para 2019. El fallo subraya que el convenio no impedía el aumento del coste del proyecto, siempre que la financiación del Fdcan no se excediera y se destinara al fin previsto.
“"Es un despropósito emplear los fondos públicos como instrumento de castigo por desavenencias políticas o personales."
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, celebró la decisión judicial, calificándola de “varapalo” contra lo que consideró “maniobras para perjudicar al municipio” por parte de Nueva Canarias, partido al que pertenece Román Rodríguez. Bueno recordó que Mogán ya obtuvo otra sentencia favorable en un conflicto similar con el Cabildo, donde se determinó que la corporación insular excluyó de forma antijurídica al municipio del reparto del Fdcan.
El Ejecutivo no podía hacer una reinterpretación posterior de las reglas del juego para penalizar a Mogán, más aún cuando no modificó o actualizó las condiciones del texto.
Un comunicado del Ayuntamiento de Mogán enfatizó que la sentencia del TSJC es “tajante” al afirmar que no hubo exceso de financiación ni defecto de justificación, y que la administración moganera cumplió rigurosamente el convenio suscrito con el Gobierno de Canarias.
