La visita del Papa a Canarias, programada para los días 11 y 12 de junio, ha desencadenado la activación de un complejo dispositivo de seguridad y movilidad. Este plan contempla la potencial alteración de las actividades educativas y laborales en las islas, con el fin de gestionar las grandes concentraciones de personas esperadas.
Tanto la Iglesia como la Delegación del Gobierno han presentado propuestas concretas, aunque el Ejecutivo autonómico aún se encuentra en fase de análisis técnico antes de tomar una decisión definitiva. Entre las sugerencias, se ha solicitado la suspensión de las clases en Gran Canaria el 11 de junio y en Tenerife el 12 de junio, anticipando un posible colapso en las principales vías de ambas islas.
“"El despliegue de seguridad previsto es el más importante de los últimos años."
Además, se ha instado a las administraciones públicas y a las grandes empresas a facilitar el teletrabajo durante esas jornadas y se ha recomendado a la ciudadanía evitar el uso del vehículo particular. Sin embargo, el Gobierno de Canarias no ha ratificado aún la suspensión de la actividad lectiva, indicando que la decisión se basará estrictamente en criterios de seguridad y movilidad.
La consejera de Presidencia ha aclarado que cualquier medida no implicaría una cancelación total o generalizada en toda la isla, sino que se considerarían soluciones parciales o afectaciones limitadas a centros educativos ubicados en zonas de mayor impacto circulatorio en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Esta posibilidad ha generado críticas por parte de una formación política, que ha calificado la situación como una “preocupante falta de planificación”. Han argumentado que no se debería normalizar la paralización de la actividad educativa y laboral ante grandes eventos, especialmente en un estado aconfesional.
