La reunión, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia, no pudo llevarse a cabo debido a la falta de quórum, una situación que Torres atribuyó a una decisión coordinada de los gobiernos autonómicos del PP.
“"Es una absoluta deslealtad institucional, una falta de respeto y un acto antidemocrático."
El incidente subraya las tensiones políticas entre el Gobierno central y las administraciones regionales lideradas por el Partido Popular en asuntos de relevancia social como la infancia.
