Durante la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el procesado ejerció su derecho a no declarar. Su defensa solicitó la libre absolución, argumentando que la consulta a la base informática fue genérica y resultó fallida, sin que se confirmara el volcado de datos que pudieran ser facilitados a terceros.
Lo único cierto es que no hay pruebas de que se diera a conocer dato alguno, que por otro lado tampoco se pudieron obtener porque la operación fue infructuosa.
La Fiscalía mantiene su petición de penas, que, de confirmarse, implicarían la retirada efectiva del servicio y la expulsión del cuerpo para el agente, quien actualmente ronda los cuarenta años. La investigación, que se remonta a 2022, se vio frustrada tras la supuesta filtración, que consistió en confirmar al suegro que la matrícula de un vehículo estacionado cerca de una nave industrial en La Camella, Arona, pertenecía a la Policía Nacional.
La defensa del agente subrayó que cualquier efectivo tiene acceso a la aplicación informática, por lo que su consulta no era exclusiva. El caso se desarrolló en paralelo a otra investigación que culminó con la detención en 2024 de un ciudadano español de 61 años con antecedentes penales, a quien se le encontraron varias armas de fuego y más de 1.200 cartuchos en un almacén de La Camella.
Según la Fiscalía, el suegro del agente contactó con él al sospechar de un vehículo policial camuflado que vigilaba la nave. El agente habría accedido en seis ocasiones a la base de datos reservada de la Policía para confirmar la titularidad del vehículo desde dos terminales informáticos. Esta información, presuntamente comunicada a su suegro, debilitó el dispositivo de vigilancia y la investigación.
