En el ámbito de la política social, la mera implementación de medidas o la inversión puntual de recursos no son suficientes si no se logra un impacto tangible en la vida de los ciudadanos. En La Palma, esta premisa cobra especial relevancia en el sensible proceso de valoración del grado de discapacidad, donde la realidad actual dista de las expectativas generadas.
Hace algunos meses, se anunció con optimismo la capacitación de profesionales del Cabildo de La Palma, con el propósito de acelerar las valoraciones y dotar de estabilidad al sistema. Aunque la iniciativa fue percibida como un paso positivo para fortalecer la capacidad de respuesta administrativa, la situación actual revela una brecha entre la formación y la operatividad.
La realidad es que la formación de personal no equivale a disponer de un equipo consolidado, coordinado y plenamente funcional. Actualmente, la isla carece de un sistema que asegure la continuidad en las valoraciones, lo que provoca incertidumbre y demoras en un procedimiento crucial para numerosas familias.
La valoración del grado de discapacidad no es un trámite administrativo más. Es la puerta de acceso a derechos fundamentales como prestaciones, apoyos, recursos sociales o atención sociosanitaria. Retrasar estos procesos implica, en la práctica, limitar el acceso de las personas a esos derechos.
Esta problemática se agrava al recordar que, hasta hace poco, existía un convenio de colaboración que permitía contar con un equipo de valoración permanente. A pesar de sus posibles deficiencias, este sistema proporcionaba una estructura operativa que respondía a las necesidades existentes en la isla.
La pregunta fundamental ahora es cómo se integrará el trabajo de los profesionales formados si no existe una estructura de equipo sólida que garantice la continuidad del servicio. Sin una organización adecuada, el esfuerzo invertido en la capacitación pierde su efectividad y no se traduce en mejoras reales para los ciudadanos.
Detrás de cada expediente hay individuos que no pueden permitirse esperar, familias que necesitan certidumbre y situaciones personales que demandan respuestas ágiles por parte de la administración. Por ello, es imperativo ir más allá de los anuncios y fortalecer el sistema con una planificación clara y un equipo estable de valoración de discapacidad, dotado de los medios necesarios y plenamente operativo en La Palma.
