Las resoluciones judiciales, todas favorables al Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), ponen en entredicho la gestión de personal del consistorio. Entre las decisiones anuladas se encuentra la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2024, que contemplaba la creación de cuatro 'superjefaturas' con un coste anual de 75.000 euros cada una.

La primera sentencia, emitida el 30 de marzo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, declaró la nulidad de la modificación de la RPT aprobada por el pleno el 23 de julio de 2024. El tribunal argumentó la falta de negociación efectiva con los representantes sindicales y la insuficiencia de la documentación proporcionada durante el proceso. Este mismo juzgado ya había señalado irregularidades similares en una sentencia anterior de julio de 2023, y en esta ocasión, condena al Ayuntamiento al pago de las costas, con un límite de 300 euros.

Un día después, el 31 de marzo, otra resolución del mismo juzgado anuló el decreto municipal que designaba a cinco aspirantes como funcionarios de la Subescala Técnica de Administración General. El fallo determinó que el proceso selectivo incumplió la normativa estatal al no exigir las titulaciones específicas requeridas por el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986. El juzgado recordó que este criterio ya había sido establecido en procedimientos previos y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, imponiendo también costas al Consistorio.

La tercera sentencia, fechada el 8 de abril, anuló la asignación temporal de funciones de jefatura en los servicios municipales de Subvenciones y Dinamización de Colectivos. El Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo consideró que esta asignación se realizó sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, al no convocar públicamente dichos puestos. Aunque el Ayuntamiento alegó urgencia y falta de personal, el tribunal rechazó estos argumentos, concluyendo que no justificaban la omisión de los procedimientos legales. Las costas en este caso ascienden a un máximo de 400 euros.

Estas decisiones judiciales se suman a otros pronunciamientos anteriores que ya habían advertido sobre deficiencias en la gestión de recursos humanos del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Desde Sepca, se subraya que estos fallos confirman un patrón de actuación que, a su juicio, vulnera los derechos de los empleados públicos y los principios fundamentales de la administración. Además, se destaca que las RPT de 2020, 2022 y ahora 2024 han sido declaradas nulas, y la de 2025 tiene un juicio programado para septiembre.