La decisión de paralizar el expediente del Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU), una iniciativa privada que busca la regularización de estos inmuebles mediante la cesión de terrenos, se tomó para evaluar el impacto del reciente fallo judicial. Así lo han confirmado fuentes municipales y un concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mogán.
La arquitecta municipal ya había advertido en un informe previo sobre la posible incidencia de este litigio judicial en el proceso administrativo de regularización, recomendando una valoración jurídica.
La sentencia dictamina que, al derribar los muros y abrir esas viviendas sin licencia, la urbanización volvió a tener tres plantas habitables y, por tanto, se vulneró la legalidad.
El fallo judicial, emitido el 31 de marzo, desestima el recurso de la empresa promotora contra una orden de restablecimiento de la legalidad urbanística, que era firme desde enero de 2022. La sentencia establece que las obras se realizaron sin licencia durante la pandemia de Covid-19, implicando el derribo de muros en el sótano para crear pisos irregulares. La licencia original de marzo de 2005 permitía solo dos plantas, pero el complejo se construyó con tres.
Para evitar la demolición de la planta adicional, en abril de 2011 se acordó tapiar la planta baja, convirtiéndola en un sótano cerrado. Sin embargo, en 2020, la promotora derribó estos muros para construir las 37 viviendas y tres locales comerciales, según actas de la Policía Local y peritajes.
Un mes antes de esta sentencia, el pleno del Ayuntamiento de Mogán había aprobado la tramitación del PAMU, que busca amnistiar estas obras. La iniciativa privada propone ceder 625 metros cuadrados al ayuntamiento a cambio de un aumento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados, necesario para regularizar las viviendas y locales. En febrero, el gobierno local autorizó someter el proyecto a evaluación ambiental simplificada.
Un concejal de la oposición había solicitado aclaraciones sobre las consecuencias jurídicas de la sentencia y cuestionó la continuidad del PAMU sin que la promotora acreditara la titularidad de los terrenos a ceder. La Comunidad de Propietarios del complejo también se opuso a la legalización, argumentando que los terrenos a ceder son elementos comunes y que la iniciativa no fue consultada con los propietarios.
