La formación política Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha presentado un escrito formal ante el Ayuntamiento de Mogán. En este documento, se exige al gobierno municipal una total transparencia y justificaciones claras a raíz de la reciente resolución judicial que ratifica la situación de ilegalidad de 37 propiedades ubicadas en la urbanización Monte Carrera.
Estas 37 viviendas son las mismas que la empresa Carrera Ground Floor busca regularizar mediante un proyecto urbanístico. Dicho plan implica la cesión de ciertos terrenos al Ayuntamiento a cambio de un incremento en la edificabilidad del complejo.
“"Uno de los más graves es que se ha permitido la continuidad del expediente pese a que la promotora no ha aportado el documento acreditativo de la titularidad de la parcela, incluso después de haber sido requerida expresamente para ello por la propia administración municipal."
El concejal canarista Juan Manuel Gabella, en el escrito registrado el pasado viernes, critica al gobierno local por haber proseguido con la tramitación de este proyecto de legalización. Su reproche se centra en que la empresa promotora no ha demostrado la titularidad de los terrenos que pretende ceder, un requisito fundamental.
El documento presentado por Gabella, dirigido a la alcaldesa, al secretario municipal y a la asesoría jurídica, destaca varias observaciones realizadas por la arquitecta municipal en los informes del expediente. Estas observaciones se refieren al proyecto de Carrera Ground Floor para regularizar las 37 viviendas y tres locales situados en el sótano.
NC ha solicitado un informe jurídico que clarifique las implicaciones de la sentencia reciente sobre el proyecto de Carrera Ground Floor. También pide una explicación sobre por qué se permitió la continuación del expediente sin que la promotora acreditara la titularidad de los terrenos, y una copia de la escritura notarial del 29 de julio de 2019, que formalizó el cambio de uso de locales a viviendas sin la autorización municipal preceptiva, junto con el certificado de antigüedad correspondiente.
Desde Nueva Canarias se enfatiza que esta acción no solo busca determinar posibles responsabilidades políticas y administrativas, sino también asegurar la transparencia en la gestión municipal y la seguridad jurídica de los residentes afectados.
