El debate sobre la transición energética en Gran Canaria exige una discusión en profundidad, que vaya más allá de los eslóganes institucionales y las simplificaciones interesadas. Reducir la cuestión a una apelación genérica a “más renovables”, como hace Antonio Morales, elude la pregunta central sobre el modelo que se promueve, sus criterios territoriales, la distribución de costes y beneficios, y los intereses a los que sirve.
La aceleración de grandes infraestructuras energéticas se presenta como un compromiso climático, pero en la práctica consolida un modelo centralizado. La producción, distribución y control de la energía siguen en manos de los grandes operadores históricos del sector eléctrico, lo que no garantiza una transformación democrática y territorialmente equilibrada.
La cuestión no es oponerse a las energías renovables. Ese sería un falso dilema. La cuestión es que la mera sustitución tecnológica no garantiza por sí misma una transformación del modelo energético si persisten intactas las relaciones de poder económico y territorial que han definido durante décadas el sistema energético convencional.
El proyecto de Chira-Soria es un ejemplo paradigmático. Presentado como estratégico para la descarbonización insular, ha generado un debate legítimo sobre sus implicaciones territoriales, paisajísticas, hidrológicas y ecológicas. Además, se cuestiona el sentido político de una inversión pública de más de 1.000 millones de euros, sin considerar el valor del territorio y el agua de lluvia cedida gratuitamente a REE por 75 años para reforzar el oligopolio energético.
En marzo de 2019, un grupo de ciudadanos, liderados por Julio Cuenca y Antonio González Viéitez, solicitaron un debate público con expertos internacionales sobre los impactos en el barranco de Arguineguín, pero Morales lo rechazó. Hoy, los resultados evidencian un modelo de transición energética centralizado que favorece a las multinacionales eléctricas.
La expansión de grandes parques eólicos terrestres, nuevas líneas de evacuación y subestaciones también fragmenta espacios rurales y altera barrancos, multiplicando los impactos acumulativos en un territorio frágil. Todo esto se ha realizado sin una evaluación ambiental estratégica adecuada.
La discusión se intensifica con la pérdida del agua de lluvia de Chira-Soria y la inminente incorporación de la eólica marina. Sorprende la rapidez con la que se intenta imponer una narrativa de inevitabilidad sin una deliberación pública suficiente sobre sus efectos en la biodiversidad marina, la pesca artesanal y el paisaje litoral.
Es preocupante que se defienda la ocupación de nuevos espacios naturales mientras se infrautiliza el potencial de generación distribuida en superficies ya transformadas, como cubiertas residenciales, infraestructuras turísticas y polígonos industriales. Priorizar estos ámbitos reduciría conflictos territoriales y fortalecería la autonomía energética.
El escaso impulso al autoconsumo y las comunidades energéticas, que encarnan una democratización material de la energía, es una contradicción. La “ecoisla” es una retórica simplona si no va acompañada de una reflexión crítica sobre el modelo implementado. La verdadera transición energética exige alterar la geografía del poder, democratizar el acceso y someter la planificación a criterios de justicia territorial y participación pública.
