El caso, que se hizo público en Herrera en COPE Tenerife, concluyó felizmente para la propietaria, María del Cristo Báez, quien había denunciado la situación. El inquilino, apodado el «inquiokupa finolis», ocupó la vivienda en la zona de El Portezuelo, en La Laguna, pagando únicamente el primer mes de renta.
A partir de ese momento, el hombre dejó de pagar las mensualidades, a pesar de exhibir un alto poder adquisitivo, con ropa de marca y vehículos de alta gama. Su actitud fue desafiante desde el principio, llegando a advertir a la propietaria sobre sus intenciones de permanecer en la casa sin pagar durante al menos un año, amparándose en la lentitud de los procesos judiciales.
Lo siento por ustedes que son buenas personas, pero yo voy a estar aquí mínimo un año gratis, porque la ley está de mi parte, y los juzgados tardará más de un año en desahuciarme.
La situación se agravó cuando el inquilino instaló una alarma en la propiedad y llegó a denunciar a María del Cristo por coacciones cuando ella intentaba acercarse a su propia casa, mientras seguía asumiendo los gastos de suministros. La propietaria, abogada de profesión, expresó su frustración al ver que el ocupante no era una persona en situación de vulnerabilidad, sino un «cara dura en toda regla».
El desenlace llegó de forma inesperada. La Policía Nacional detuvo al inquilino en el marco de una investigación por una presunta estafa que superaba los 90.000 euros. Los vecinos alertaron a María del Cristo tras escuchar un fuerte estruendo, provocado por los agentes al derribar la puerta para proceder a la detención y registrar la vivienda.
Gracias a esta intervención policial, María del Cristo pudo recuperar su casa, evitando un largo proceso de desahucio que, según sus cálculos, habría tardado al menos 18 meses desde la firma del contrato. La propietaria se mostró aliviada de que la vivienda no sufriera daños significativos, algo que consideraba probable si el desalojo hubiera sido judicial.
“"No voy a alquilar más. La casa está vendida, el desgaste psicológico de situaciones así es insoportable."
La experiencia ha llevado a María del Cristo a tomar la drástica decisión de vender la propiedad, argumentando la falta de garantías y la dilación de los tribunales en estos casos. El desgaste psicológico y la tensión acumulada durante más de un año fueron determinantes en su elección. Ella, que no es una gran tenedora, sino una ciudadana corriente, lamenta la indefensión de los pequeños propietarios.
Como abogada, María del Cristo critica la lentitud del sistema judicial, agravada por la pandemia y las huelgas, que ha provocado que los procedimientos que deberían ser exprés se dilaten hasta dos años. Reivindica el papel de los pequeños arrendadores, que facilitan el acceso a la vivienda a muchas familias sin aplicar precios abusivos.
