La corporación insular ha manifestado su intención de presentar un escrito este lunes 20 de abril en los juzgados, buscando frenar el procedimiento iniciado por la Autoridad Portuaria para eliminar el inmueble. Esta acción se enmarca en una disputa entre las administraciones canarias y la Autoridad Portuaria, dependiente del Gobierno estatal, por la conservación de este edificio singular.
“"Ni siquiera ha permitido que nuestros técnicos entren al inmueble para hacer una valoración, cuando hemos mostrado en todo momento una actitud colaborativa."
La Autoridad Portuaria ha sido criticada por no responder a la petición del Cabildo, realizada por primera vez en noviembre del año pasado, para llevar a cabo un estudio sobre el valor patrimonial del silo. Este edificio, construido en los años sesenta para el almacenamiento de cereal, forma parte de la política implementada durante la dictadura franquista a través del Servicio Nacional del Trigo.
“"A la vista de que la Autoridad Portuaria no solo no responde, sino que sigue adelante con el procedimiento para demoler el silo e incluso ha adjudicado la actuación a una empresa, nos vemos obligados a recurrir a la justicia para hacer cumplir la ley del patrimonio histórico español."
A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio Oficial de Arquitectos por salvar el inmueble, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha continuado con el proceso de licitación para su derribo. La Mesa de Contratación ya ha propuesto a la empresa Hercal Diggers para ejecutar la demolición en un plazo de siete meses por un importe de 990.140 euros.
El silo, que dejó de usarse hace más de 30 años, pertenece al tipo P, una de las veinte tipologías de silos diseñadas en el país. De esta tipología, específica para zonas portuarias, solo se construyeron dos edificaciones, una en el Puerto de Málaga (ya derribada) y la de Santa Cruz de Tenerife. Otros silos de diferentes tipologías han sido recuperados y transformados en teatros, centros culturales, museos u oficinas.
El Gobierno de Canarias solicitó al Ministerio de Cultura que adoptara medidas cautelares y urgentes, alertando sobre un riesgo “inminente e irreversible” para el único silo portuario tipo P que queda en España. La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del ejecutivo regional ha recordado que, al tratarse de un bien en dominio público portuario estatal, la competencia para su protección recae en la Administración General del Estado.
El Gobierno de Canarias insiste en la necesidad de una intervención estatal para evitar la pérdida de este elemento único del patrimonio industrial y cultural del archipiélago, destacando su carácter “singular en el contexto nacional” y su relevancia arquitectónica, tecnológica y paisajística en el frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife.
