Hasta hace poco, la relación entre el Gobierno de Canarias y el Estado se caracterizaba por un conflicto abierto. La disputa surgió a raíz de un acuerdo entre la Moncloa y el Gobierno vasco, que permitió a Euskadi participar en la gestión de sus aeropuertos. Esta concesión, que el Estado había negado durante décadas, encendió las alarmas en las Islas Canarias, llevando a Clavijo a exigir un trato equivalente, amparándose en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía.
Inicialmente, la respuesta de Madrid fue un rotundo rechazo. El Gobierno de Sánchez argumentó que el marco jurídico solo permitía una participación limitada y consultiva. Esta postura fue defendida con vehemencia por el PSOE canario, cuyo secretario general afirmó que Canarias podría tener voz, pero nunca voto, en las decisiones de Aena. La tensión escaló, con declaraciones cruzadas y reproches, alcanzando un punto crítico cuando Clavijo solicitó la destitución del presidente de Aena, Maurici Lucena, acusándolo de priorizar los intereses privados sobre los de las Islas.
Lo que no podía hacerse, la gestión de los aeropuertos de Canarias entre la administración del Estado y la regional, podría quizá, a lo mejor, hay que estudiarlo, hacerse ahora.
Sin embargo, una reunión reciente en Tenerife entre representantes de ambos gobiernos ha cambiado el panorama. Aunque no se cerraron acuerdos concretos, se escenificó una clara rebaja de la tensión. El Estado aceptó abrir una negociación formal sobre la cogestión aeroportuaria, eliminando las líneas rojas y los vetos explícitos. Se habló de intercambio de documentos y trabajo técnico conjunto para explorar fórmulas que permitan una mayor participación de Canarias en la gestión de sus aeropuertos. Este giro implica un reconocimiento de facto por parte del Estado de que el margen de negociación que antes se negaba, en realidad, existe.
Este cambio de criterio deja en una situación incómoda a quienes, hasta hace poco, defendían la imposibilidad de tal negociación. La política, y en particular la forma de hacer política del sanchismo, se caracteriza por rectificaciones y cambios de posición. Lo sucedido demuestra que las defensas iniciales eran más una consigna política que una verdad jurídica. El precedente vasco ya había anticipado que era posible encontrar un encaje específico y desarrollar la creatividad jurídica necesaria, algo que en Canarias se había negado inicialmente.
La apertura de esta negociación es una noticia positiva, ya que devuelve el debate al terreno técnico y abre una oportunidad que antes no existía. Para Canarias, la conectividad aérea no es un lujo, sino una condición esencial para su cohesión territorial, su industria turística y su desarrollo social y económico. La capacidad de influir en estas decisiones es crucial para el archipiélago.
