La nueva normativa busca adaptar las prestaciones a la realidad económica y social actual del municipio, actualizando los límites de acceso e incorporando los gastos de vivienda al cálculo de los ingresos.
La iniciativa, impulsada por la experiencia de los Servicios Sociales municipales y la necesidad de revisar criterios, pretende establecer cuantías más objetivas y acordes a las circunstancias de muchas familias.
La concejala de Bienestar Social, Maite Corujo, ha destacado la importancia de revisar estos instrumentos para que respondan a las necesidades reales de las personas que requieren apoyo. "Tenemos que procurar que los criterios que regulan estas prestaciones estén a la altura de la realidad que vivimos", afirmó.
Corujo subrayó que el proceso busca mejorar las herramientas para atender situaciones de vulnerabilidad y ofrecer una respuesta más ajustada a las necesidades ciudadanas.
Como primer paso, se ha abierto un periodo de consulta pública de 15 días naturales, que comienza mañana 17 de noviembre, para que la ciudadanía y entidades sociales puedan presentar sus opiniones y propuestas.
Se invita especialmente a participar a entidades del tercer sector, asociaciones vecinales, colectivos que trabajan con personas vulnerables, víctimas de violencia de género, personas sin hogar y colegios profesionales del ámbito social.
Las aportaciones se podrán presentar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, el Registro General, el Registro del Centro de Servicios Sociales o cualquier otro medio legalmente previsto.




