Esta acción judicial surge a raíz de una querella presentada por la Fiscalía, tras una investigación interna reservada que fue ordenada por la alcaldía de Arrecife el 18 de octubre de 2025. El objetivo de dicha investigación era esclarecer las anulaciones de sanciones de tráfico realizadas por personal municipal durante el periodo mencionado.
“"Se ordenó la apertura de información reservada para investigar todas y cada una de las multas presuntamente retiradas o anuladas en el sistema CGI por responsables municipales, esclarecer la relación completa de expedientes afectados y el usuario/usuarios que ejecutaron cada acción en CGI, fecha y hora, motivo invocado y soporte documental."
Para llevar a cabo esta investigación, la alcaldía, que también ostenta la responsabilidad directa de la Policía Local, implementó medidas cautelares. Estas medidas bloquearon temporalmente la capacidad de anulación o cancelación en el sistema informático por parte de cualquier usuario no autorizado expresamente, garantizando la continuidad de la tramitación ordinaria de expedientes.
Posteriormente, la alcaldía solicitó a la Asesoría Jurídica que trasladara los hallazgos de la investigación interna a la Fiscalía. Se busca depurar responsabilidades por estas anulaciones, que se estiman en cerca de 2.300 multas, con un valor aproximado de 600.000 euros, presuntamente retiradas entre los años 2016 y 2025.
