La controversia se centra en el cumplimiento de la acreditación específica exigible a las entidades que prestan servicios de atención a la dependencia. Según las organizaciones denunciantes, este requisito técnico es fundamental para garantizar la calidad, la seguridad y la correcta gestión de los fondos públicos destinados a personas vulnerables.
Paralelamente a la vía penal iniciada por el Observatorio, una asociación local de familias ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la institución insular. Los colectivos implicados sostienen que la falta de rigor en estas acreditaciones podría sentar un precedente peligroso para el conjunto de los servicios sociales en Canarias.
“"Ignorar la obligación legal de las acreditaciones no solo afecta a un procedimiento concreto, sino a todas las entidades que durante años han cumplido requisitos técnicos para prestar servicios especializados con garantías."
Las organizaciones han subrayado que su actuación no responde a intereses particulares, sino a la necesidad de proteger la dignidad de los usuarios. Asimismo, han instado a las administraciones públicas a actuar con mayor transparencia y diligencia para evitar que se trasladen riesgos innecesarios a las familias que dependen de estos servicios especializados.
