Durante la sesión plenaria, se ha puesto de manifiesto la preocupación por el futuro de las construcciones tradicionales situadas en el dominio público marítimo-terrestre. La defensa de estos enclaves busca compatibilizar el cumplimiento de la normativa vigente con la preservación de la memoria histórica y la identidad de las comunidades vinculadas a la pesca y al mar en la isla.
La intervención parlamentaria ha enfatizado la importancia de culminar las transferencias de competencias en materia de Ley de Costas hacia la comunidad autónoma. Según se ha expuesto, una gestión autonómica permitiría aplicar una mayor sensibilidad hacia la realidad insular, garantizando que las decisiones sobre el litoral tengan en cuenta el arraigo y los valores patrimoniales locales.
Asimismo, se ha valorado positivamente la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno de Canarias para facilitar información técnica a los afectados, permitiendo que dispongan de los elementos necesarios para su defensa en los procesos administrativos abiertos.
El debate también ha servido para abogar por el diálogo como herramienta principal ante los expedientes de inhabilitación de inmuebles. Se ha insistido en que el tiempo ganado por motivos procesales debe aprovecharse para buscar soluciones que eviten actuaciones irreversibles, siempre dentro del marco legal, pero priorizando la protección de las personas y la historia que representan estas pequeñas construcciones tradicionales.
