Las Islas Canarias han experimentado una presión migratoria sin precedentes en los últimos siete años. Entre 2019 y 2025, llegaron de forma irregular por vía marítima al Archipiélago un total de 168.504 personas. Esta cifra representa más del 62% de todos los migrantes que han alcanzado las costas canarias por mar desde 1994, año en que se registró la primera patera en Fuerteventura.
Los datos revelan un salto significativo a partir de 2020. Si en 2019 llegaron 2.698 personas, en 2020 la cifra se disparó a 23.271, seguida por 22.316 en 2021 y 15.678 en 2022. El pico máximo anual se alcanzó en 2024, con 46.843 llegadas, superando todos los registros históricos. En 2025, las llegadas descendieron a 17.788 personas, un 62% menos que el año anterior, coincidiendo con un refuerzo en la cooperación y el control de salidas desde países africanos.
El fenómeno migratorio no puede explicarse únicamente por decisiones políticas en Madrid. Factores como la inestabilidad en el Sahel, conflictos armados, pobreza, crecimiento demográfico africano, la actividad de mafias y cambios en las rutas hacia Europa son determinantes. Sin embargo, las cifras han alimentado las críticas a la política migratoria del Gobierno de España, con continuas reclamaciones de mayor implicación estatal y europea ante la saturación de recursos de acogida y la atención a menores extranjeros no acompañados.
El debate sobre la gestión de crisis migratorias se ha intensificado recientemente tras la situación en Ceuta, donde una entrada masiva a finales de julio provocó una situación excepcional. El Estado desplegó recursos adicionales, reforzó la presencia policial y militar, y solicitó ayuda a la Unión Europea. Las discrepancias entre ministros sobre la información previa recibida para anticipar la entrada han abierto un frente político, reavivando las dudas sobre los mecanismos de prevención y respuesta ante grandes crisis.
