La ONG Mundo Nuevo, encargada de la gestión de estos recursos, ha comunicado el cierre de los centros Ayagaures y Ancor en Fuerteventura, con capacidad para unos 20 menores cada uno. La decisión, que se hará efectiva el 1 de julio, se atribuye a "motivos económicos", según ha declarado la organización.
El sindicato CC OO denuncia que esta medida dejará en la calle a 42 trabajadores, quienes no han recibido alternativas de reubicación por parte de la asociación. Zayda González Cedrés, coordinadora de Intervención Social de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO Canarias, ha señalado que la plantilla fue informada el martes, lo que les ha dejado "sin tiempo de reacción".
El recurso Ancor, operativo desde hace siete años, mantenía las condiciones laborales "congeladas" desde el inicio de la emergencia migratoria. El sindicato critica que, tras tanto tiempo de alta demanda, no se haya realizado una nueva licitación para actualizar las condiciones salariales, que llevan "siete años congelados".
“"Esperamos que se haga una nueva licitación y se pongan las condiciones similares que existen para el sector y todos los recursos ordinarios."
A pesar de que el Gobierno de Canarias ha propuesto una regularización de la situación, la oferta no ha sido satisfactoria para los responsables de la asociación, según González.
González también ha criticado que el cierre ocurra poco después de la visita del papa León XIV a las islas, durante la cual se enfatizó la importancia de acoger y atender dignamente a los migrantes. La coordinadora lamenta que los menores "se llevan la peor parte", ya que serán derivados a otros centros, perdiendo la integración y el vínculo con sus educadores actuales.
El sindicato CC OO añade que esta situación no es exclusiva de Fuerteventura, indicando que al menos tres centros habrían cerrado recientemente en Gran Canaria. Subrayan la dificultad de encontrar personal cualificado en un sector "muy precario".
Finalmente, CC OO reclama transparencia a las entidades del tercer sector y al Gobierno canario, exigiendo el respeto a los trabajadores y a los plazos legales en casos de despidos colectivos.
