La investigación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, reveló que una de las redes publicaba anuncios falsos de servicios sexuales en portales de contactos. Tras establecer contacto telefónico, las víctimas eran extorsionadas.

Los miembros de la organización se hacían pasar por responsables de un club, exigiendo pagos por supuestas deudas debido a la pérdida de tiempo de las mujeres anunciadas o por no asistir a citas. Las amenazas se basaban en el miedo y la vergüenza de que su entorno descubriera sus intentos de contratar servicios sexuales.

Según la Policía Nacional, la red obtuvo más de 500.000 euros, con exigencias de hasta 5.000 euros por víctima. La investigación se inició en mayo de 2025 tras una denuncia, identificando al menos 80 casos similares en todo el país, con el centro de operaciones en Valencia.

La operación también descubrió una conexión con una pareja establecida en Fuerteventura, presuntamente dedicada a la explotación sexual. Las mujeres eran captadas con falsas ofertas de empleo en redes sociales, trasladadas desde la Península y otras islas, y sometidas a control y restricciones.

Esta rama en Fuerteventura proporcionaba datos de clientes a la organización extorsionadora a cambio de 50 euros por contacto, información utilizada posteriormente para las amenazas. Durante los registros en Valencia y Fuerteventura, se incautaron plantaciones de marihuana, 11 gallos de pelea, dos armas de fuego y 3.600 euros en efectivo.

La Policía sospecha que la organización utilizaba actividades ilícitas como el tráfico de drogas y las peleas de gallos para blanquear los beneficios de las extorsiones. Los detenidos enfrentan cargos por extorsión, blanqueo de capitales, organización criminal, delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y maltrato animal. Siete de ellos ingresaron en prisión provisional.