Tres colectivos sociales, AFFA, ACUFADE y ODESOCAN, han alzado la voz esta semana para denunciar presuntas irregularidades en la adjudicación del concierto social para la gestión del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal en Fuerteventura. Este servicio, crucial para la atención a personas en situación de dependencia en la isla, ha generado controversia debido a que la entidad adjudicataria, Asociación Solidaria Mundo Nuevo, supuestamente "no está acreditada" para prestar dicho apoyo a domicilio.
El Cabildo de Fuerteventura ha reaccionado defendiendo la legalidad del procedimiento de adjudicación. Fuentes de la institución insular sugieren que las acusaciones de prevaricación, vertidas por los colectivos denunciantes, podrían deberse más a diferencias de criterios técnicos en la validación de acreditaciones que a un caso de corrupción. El servicio, con un presupuesto de 1.722.000 euros, está destinado a la atención de 120 personas en situación de dependencia.
La controversia ha escalado con la anuncio de una denuncia penal por parte de ODESOCAN contra la Consejería de Servicios Sociales del Cabildo. Por su parte, AFFA ha presentado un recurso contencioso-administrativo solicitando medidas cautelarísimas para paralizar el procedimiento hasta que un juzgado se pronuncie. La resolución judicial determinará el alcance y la gravedad de las irregularidades denunciadas.
Según la documentación citada por las entidades denunciantes, la Dirección General de Dependencia del Gobierno de Canarias y la Jefatura de Servicios de Acreditaciones habrían señalado que Mundo Nuevo figura registrada como "entidad colaboradora", pero no como "entidad acreditada para el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal a domicilio", advirtiendo que ambos registros no son equivalentes.
El Cabildo de Fuerteventura insiste en que la entidad adjudicataria cumple todos los requisitos y que el procedimiento se ajusta a la normativa. Explican que una de las entidades participantes fue excluida por un "defecto insubsanable" y que Mundo Nuevo está inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras, lo cual, según su interpretación, la habilita para prestar el servicio. Subrayan que el servicio aún no ha comenzado a prestarse.
En el ámbito político, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia de la presidenta del Cabildo, Lola García (CC), para que explique los hechos denunciados y ha reclamado acceso a los expedientes de Acción Social. El portavoz popular, Claudio Gutiérrez, ha manifestado la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades para garantizar el correcto funcionamiento de la administración.
