La institución insular ha subrayado la importancia de actualizar este instrumento de inversión pública, vigente desde hace una década, para ajustarlo a las demandas actuales del Archipiélago. El nuevo marco normativo busca simplificar los trámites administrativos y facilitar la reprogramación de proyectos estratégicos.
Desde el Cabildo se ha puesto el foco en la necesidad de financiar áreas críticas como la vivienda pública y los recursos sociosanitarios. Estas prioridades responden a las necesidades detectadas en la isla, donde el FDCAN ha sido fundamental para el desarrollo de infraestructuras esenciales como carreteras y redes de abastecimiento de agua.
El modelo de financiación mantiene un porcentaje del 80% para Fuerteventura, un criterio que reconoce la doble insularidad y permite una mayor capacidad de actuación. Esta flexibilidad en la gestión de los recursos permitirá a la administración insular responder con mayor agilidad a los retos sociales y económicos de la ciudadanía majorera.
