El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha defendido la instalación de una central eléctrica flotante en el puerto de La Luz y de Las Palmas, asegurando que será una medida “puntual y temporal” y que no afectará a la operatividad del recinto portuario.
En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista, Zapata señaló que la planta solo se activará en caso de riesgo de apagón en Gran Canaria, una vez agotadas otras alternativas. Añadió que el buque dejará de estar atracado una vez concluyan los concursos de renovación de centrales térmicas que debe lanzar el Gobierno central, procesos que suelen demorarse años.
El consejero calificó esta opción como la “única viable” para garantizar el suministro eléctrico, capaz de cubrir hasta 100 megavatios. A pesar de ser un barco de bandera turca, afirmó que cumplirá con todas las exigencias medioambientales de la Unión Europea, y que el gobierno no podía “quedarse de brazos cruzados”.
Se descartó el uso de baterías por considerarse que la tecnología aún no es lo suficientemente madura para cubrir la alta demanda de islas como Gran Canaria o Tenerife. Se aclaró que el barco solo entrará en funcionamiento tras finalizar la declaración de impacto ambiental.
Zapata destacó el trabajo coordinado con el Ministerio de Transición Ecológica para hacer realidad la generación de emergencia en Canarias. Criticó al anterior gobierno por no actuar ante un informe de Red Eléctrica que alertaba del riesgo de apagones.
Por su parte, Alicia Vanoostende (PSOE) expresó preocupación por la instalación de una central térmica flotante, citando su uso de combustibles fósiles y su proximidad a zonas residenciales, portuarias y de alto valor ambiental.
La diputada socialista reclamó al Ejecutivo máxima transparencia, seguridad y protección de la salud pública y el medio ambiente. Advirtió sobre el historial del buque, implicado en derrames de hidrocarburos en República Dominicana y con proyectos cancelados en Sudáfrica.
Vanoostende recordó la oposición social a la instalación de Totisa, cercana a Las Palmas de Gran Canaria, por sus posibles efectos en la calidad del aire y la salud pública. Solicitó un estudio independiente sobre el impacto en la calidad del aire y las emisiones previstas, así como un plan de contingencia ante posibles accidentes.
Finalmente, la representante socialista abogó por alternativas más coherentes como las baterías, criticando que mientras se pide a los ciudadanos reducir emisiones, el gobierno apueste por combustibles fósiles.
