Este programa, que se inspira en el modelo consolidado en las Illes Balears durante más de dos décadas, se alinea con las tendencias europeas de seguridad basadas en la proximidad y la prevención. Su objetivo principal es la detección temprana de situaciones de riesgo que afectan a los menores, como el absentismo escolar, el acoso entre iguales, el consumo de sustancias o las conductas disruptivas.
Las jornadas técnicas celebradas en Tenerife y Gran Canaria han servido para presentar este modelo a responsables educativos, representantes municipales y cuerpos de seguridad. La voluntad es que el programa comience a operar en más municipios, sumándose a localidades como La Orotava, Ingenio o Arrecife, durante el primer trimestre del próximo curso.
Frente a enfoques centrados en la intervención una vez producido el conflicto, se busca la detección temprana de situaciones de riesgo, como el absentismo escolar, el acoso entre iguales, el consumo de drogas o alcohol o las conductas disruptivas.
La implementación del Agente Tutor requiere una estrecha colaboración entre las administraciones, especialmente con las Policías Locales, de quienes depende en gran medida su operatividad. La experiencia balear destaca el valor de esta figura como referente en la comunidad educativa, trascendiendo la función policial para incorporar tareas de mediación, asesoramiento y acompañamiento a alumnos, familias y profesorado.
Este enfoque de proximidad fomenta la confianza y facilita la comunicación, elementos cruciales para identificar problemas que a menudo permanecen ocultos. La intervención del agente tutor se extiende a espacios deportivos, zonas de ocio y entornos digitales, adaptándose a las nuevas realidades que enfrentan los jóvenes, como el ciberacoso o el uso indebido de tecnologías.
Los agentes locales que ya participan en iniciativas similares subrayan su capacidad para actuar como un puente, facilitando la intervención temprana y evitando la judicialización o la cronificación de situaciones de vulnerabilidad. El programa abarca desde la vigilancia de entornos escolares hasta la participación en campañas de prevención, la colaboración en planes de autoprotección y la intervención en conflictos, coordinando recursos y canalizando ayudas hacia servicios sociales, sanitarios o psicológicos.
Si el programa se consolida adecuadamente, puede convertirse en un instrumento eficaz para fortalecer la convivencia escolar y garantizar más el bienestar de la infancia en Canarias.
El éxito de esta iniciativa en el archipiélago dependerá de la capacidad de las instituciones para reforzarla, especialmente en aquellos ayuntamientos con recursos limitados de Policía Local, buscando soluciones para estas realidades locales.
