Según el sindicato, la falta estructural de personal y la implementación de soluciones temporales han transformado el sistema pericial en un cuello de botella judicial. Actualmente, numerosos procedimientos se encuentran paralizados entre tres y cinco años, a la espera de informes técnicos esenciales para que los juzgados puedan emitir resoluciones.
La organización sindical critica que, mientras los servicios públicos operan con plantillas insuficientes, la Administración de Justicia ha destinado más de 263.000 euros a la externalización de informes periciales a empresas privadas. Conforme a la Resolución 490/2026, entre 2024 y 2025 se abonaron en Tenerife un total de 263.075,65 euros por 75 informes, con un coste promedio de 3.507,67 euros por cada evaluación.
Con el importe de apenas una docena de estos informes privados podría financiarse el salario anual de un empleado público especializado, capaz de asumir una carga de trabajo mucho mayor y garantizar la continuidad del servicio.
Esta situación afecta de manera crítica al ámbito familiar, donde la demora en las valoraciones técnicas puede mantener a menores separados de sus familias durante años sin una evaluación definitiva que determine un riesgo real. El sindicato advierte que esta parálisis técnica expone a los niños y niñas a una vulnerabilidad especial.
El déficit de personal también repercute directamente en la Unidad de Valoración Integral Forense (UVIF), responsable de elaborar informes multidisciplinares cruciales en casos de violencia de género. La escasez de profesionales impide la emisión rápida de valoraciones, debilitando la protección judicial de mujeres y menores y retrasando decisiones fundamentales para su seguridad.
En el ámbito penal, la falta de especialistas incluso provoca la prescripción de procedimientos judiciales, dejando a las víctimas sin la compensación legal correspondiente. Además, en la justicia juvenil, la tardanza en los informes periciales retrasa tanto la respuesta penal como la intervención educativa con menores infractores, incrementando el riesgo de reincidencia.
Actualmente, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses opera con aproximadamente la mitad de su plantilla, mientras las vacantes en áreas sociales y psicológicas permanecen sin cubrir durante años. Esta situación se agrava en un contexto de alta presión migratoria y a pesar de las advertencias de la Fiscalía sobre la necesidad de reforzar el sistema.
