El expediente se origina por una solicitud de los herederos de los antiguos propietarios, quienes reclaman al Estado una concesión administrativa de 30 años para ocupar y aprovechar estos terrenos. Argumentan que eran los titulares legítimos antes de que la zona pasara a ser de dominio público y se acogen a la Ley de Costas, que prevé compensaciones por la cesión de propiedad.
Los solicitantes sostienen que, al no haberles sido otorgada la concesión de oficio por parte del Ministerio como preveía el Reglamento de la Ley de Costas, el derecho a esta concesión sigue pendiente. Buscan el reconocimiento de los usos ya consolidados en la franja, que incluyen dos establecimientos de restauración, un acceso náutico y un local para actividad pesquera.
La Asociación de Vecinos Bahía de Santa Águeda ha expresado su "más firme rechazo" al procedimiento, alertando sobre el posible impacto negativo en los derechos de numerosas familias residentes. La asociación subraya que la realidad urbanística y patrimonial ha cambiado significativamente en los últimos 40 años, con segregaciones y promociones de viviendas que han consolidado fincas individualizadas.
Los vecinos reclaman "máximo rigor y respeto a la seguridad jurídica" en cualquier actuación administrativa. Advierten que este procedimiento coincide con varios procesos judiciales en curso donde los residentes ya defienden la titularidad de sus viviendas, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la zona.
