El Gobierno de Canarias urge a buscar soluciones para la gestión del amianto

El Ejecutivo regional reclama consenso institucional para ubicar plantas de tratamiento ante el rechazo de proyectos en Gran Canaria.

Imagen genérica de una planta de gestión de residuos industriales.
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Imagen genérica de una planta de gestión de residuos industriales.

El Gobierno de Canarias ha instado a las administraciones locales a superar las diferencias políticas para establecer infraestructuras de gestión de residuos de amianto, ante la creciente dificultad de trasladarlos fuera del archipiélago.

El responsable de Transición Ecológica y Energía ha señalado que la gestión de estos residuos tóxicos presenta una complejidad técnica y ambiental considerable. Ante la decisión de otras comunidades autónomas de restringir la recepción de estos materiales, el Ejecutivo autonómico subraya la necesidad urgente de encontrar ubicaciones adecuadas dentro de las islas.
Durante una comparecencia parlamentaria, se ha lamentado que ciertos proyectos privados en Gran Canaria no hayan prosperado debido a desacuerdos políticos, a pesar de cumplir con los requisitos ambientales y normativos vigentes. El objetivo a largo plazo, alineado con las directivas europeas, es que el archipiélago sea capaz de gestionar sus propios residuos.

"Hacen falta decisiones valientes y altura de miras, más allá de islas o colores políticos."

el responsable de Transición Ecológica · Consejero del Gobierno de Canarias
Mientras se busca una solución definitiva, la administración ha prorrogado por seis meses las autorizaciones de almacenamiento de microcemento y uralita para aliviar la situación actual. En 2024, la cantidad de amianto recogido en las islas alcanzó las 4.170 toneladas, una cifra significativamente superior a los registros de los años anteriores.
El Ejecutivo mantiene contactos con entidades empresariales para estudiar fórmulas que permitan mitigar los sobrecostes derivados del transporte de estos residuos. La estrategia actual combina la búsqueda de vertederos autorizados fuera de Canarias con el impulso de un consenso entre cabildos y ayuntamientos para facilitar nuevas instalaciones de tratamiento en el territorio insular.