La formación política ha manifestado que la decisión judicial, que anula el principal instrumento de planificación de la isla, se debe a que el documento fue elaborado bajo una normativa que ya estaba casi derogada en el momento de su aprobación definitiva en diciembre de 2022. Esta situación, según el PP, demuestra una falta de adaptación a la legislación vigente, específicamente la Ley 4/2017, de Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Los populares subrayan que la administración insular tuvo un margen de casi cinco años, entre 2017 y 2022, para adecuar el plan a la nueva normativa. A pesar de que la sentencia permite un recurso de casación ante el Tribunal Supremo o el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Grupo Popular insiste en la trascendencia práctica del fallo, advirtiendo sobre las posibles consecuencias para la planificación y el encaje de futuros proyectos en el territorio insular.

Además, el PP critica que, a pesar de la relevancia del Plan Insular de Ordenación, la administración del Cabildo lo ha mantenido "guardado en un cajón", sin impulsar las medidas previstas en el plan de actuaciones ni la comisión de seguimiento. Recuerdan que la aprobación plenaria de la revisión del PIO en diciembre de 2022 contó con los votos a favor de NC, PSOE, Sí Podemos, CC y Ciudadanos, mientras que el PP se abstuvo.

Finalmente, el Grupo Popular ha instado a la administración insular a actuar con "serenidad" y "escrupuloso" respeto a la legalidad ante el fallo judicial, priorizando el interés general en las decisiones futuras y evitando dirigir críticas hacia el tribunal, como, según ellos, se ha intentado hacer para desviar la atención y eludir responsabilidades.