La polémica ha surgido después de que la concejalía de educación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria declinara una subvención de 18.000 euros del Cabildo de Gran Canaria, destinada a la contratación de auxiliares educativos para campus inclusivos. Esta situación afecta directamente la conciliación familiar y el derecho a la inclusión de los menores.
“"Ignorado, discriminado, segregado, es que ya no, me faltan palabras para describirlo."
Según ha trascendido, la justificación municipal para no aceptar la subvención fue que la licitación estaba caducada, impidiendo su justificación "a tiempo y forma". Como alternativa, se ofreció ceder centros de educación especial existentes, asumiendo el consistorio la limpieza y seguridad, propuesta que fue rechazada por los colectivos afectados.
Las familias argumentan que su objetivo no es un campus exclusivo, sino uno inclusivo que permita a sus hijos salir del entorno escolar y disfrutar de experiencias de ocio. Defienden que los menores con necesidades especiales son "ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria" con el mismo derecho a la diversión y a la normalización de su condición, buscando fomentar la convivencia y prevenir el acoso escolar.
“"Se están riendo en nuestra en nuestra cara."
La falta de estos recursos durante el verano agrava la problemática de la conciliación familiar, obligando a los padres a "hacer malabares" y, en algunos casos, incluso a perder sus empleos. Tras cinco años de lucha sin soluciones, la frustración es palpable. Además, se ha desmentido la afirmación de que los niños de Aulas Enclave pueden acceder a estos campus, ya que los requisitos de autonomía excluyen a muchos de ellos.
