La isla de Gran Canaria enfrenta un déficit estimado de 6.000 viviendas protegidas, una situación que el actual mandato del Gobierno insular se ha propuesto revertir. Las últimas promociones públicas se entregaron en 2015, marcando un vacío en la construcción de nuevos inmuebles que se ha extendido por años.
“"El problema de la emergencia habitacional no se soluciona con un chasquido de dedos y queda un camino muy largo por recorrer."
Actualmente, el Cabildo se posiciona como la única institución insular en Canarias que está construyendo viviendas, a través del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria. Este organismo, creado en 2008, ha visto reforzadas sus competencias en 2024 gracias a un decreto del Gobierno de Canarias que habilita a los cabildos para promover vivienda protegida, permitiendo un aumento de personal para afrontar la demanda.
Entre las obras nuevas impulsadas directamente por el Cabildo, destaca la construcción de 63 viviendas de alquiler asequible en El Secadero, en Las Palmas de Gran Canaria, con financiación parcial de fondos Next Generation. Se espera que esta promoción finalice antes de mayo de 2027. Además, se prevé la rehabilitación de un edificio en Valleseco para destinarlo a 16 viviendas públicas.
Mediante convenios, se proyecta la construcción de 240 viviendas en el barrio capitalino de Las Torres, una iniciativa conjunta con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria valorada en casi 40 millones de euros. También se suman promociones acordadas con el Gobierno de Canarias en Santa Lucía de Tirajana (25 viviendas), Gáldar (32) y Santa María de Guía (45).
Más allá de la obra nueva, la principal labor del Consorcio se centra en la rehabilitación del parque residencial existente, con más de 2.000 actuaciones en barrios y entornos rurales. Telde concentra el mayor volumen de intervenciones con 868 actuaciones, seguido por San Bartolomé de Tirajana con 792 viviendas beneficiadas. Otros municipios como Mogán, Moya, Ingenio y Agaete también se benefician de estas mejoras.
La raíz del problema actual reside en el déficit estructural de vivienda pública acumulado durante décadas, ya que en Gran Canaria apenas el 1,5% del total de viviendas es protegida, frente al 8% de media europea. Por ello, se defiende la necesidad de aumentar la oferta residencial mediante construcción pública y colaboración institucional, así como reactivar la promoción privada de vivienda protegida, aunque esta última enfrenta desafíos por los costes y las limitaciones de precio.
