El Grupo Popular ha denunciado que el importe total de las ayudas concedidas por el gobierno insular, presidido por Antonio Morales, ascendió a 282 millones de euros, lo que representa el 28,6% del presupuesto consolidado de la corporación. De esta cifra, 210 millones correspondieron a transferencias corrientes y 72 millones a transferencias de capital.
El informe de la Intervención General advierte que el procedimiento de concesión directa se utilizó en el 75,6% de las subvenciones, normalizándolo como método habitual a pesar de su carácter excepcional. Esta práctica, que la Intervención recomienda cambiar por el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva desde hace años, ha visto un aumento del 34,5% en el volumen de subvenciones a dedo respecto a 2024.
Además, el informe señala que la mayoría de las subvenciones se conceden de forma anticipada, lo cual también es una excepción legal. La Intervención General alerta de que si estas concesiones no van acompañadas de un seguimiento adecuado para su justificación y posible reintegro, se puede producir un perjuicio para los fondos públicos. A 31 de diciembre de 2025, más de 88 millones de euros estaban pendientes de justificación debido a estos retrasos, agravados por la rara exigencia de garantías para el cumplimiento de la subvención.
“"Este proceder revela una vez más un modo de gobernar basado en el clientelismo político, en el que se utiliza el presupuesto público para intentar comprar voluntades y tener una sociedad domesticada."
El informe de control interno también alerta sobre la aprobación de 56 contratos 'sin respaldo legal' en el pasado ejercicio. De estos, 25 corresponden al Consejo Insular de Aguas, 10 a Turismo de Gran Canaria, 7 al Instituto Insular de Deportes, 6 al Instituto de Atención Sociosanitaria, 5 al propio Cabildo, 2 al Consorcio de Emergencias y 1 a la Autoridad Única del Transporte.
La Intervención General destaca 'carencias' en materia de contratación, atribuidas a la falta de especialización y experiencia de los técnicos. Esto provoca que los expedientes solo se informen favorablemente de forma ocasional en la primera recepción. El órgano fiscalizador también denuncia la insuficiencia de personal para el control financiero permanente y la ausencia de un gestor documental, lo que genera desajustes temporales entre la fiscalización previa y los actos fiscalizados.
Finalmente, el informe menciona problemas recurrentes con los servidores del Cabildo, que han causado interrupciones en la aplicación de contabilidad y, por ende, en la función fiscalizadora.
