La decisión de Bruselas ha dejado en el aire inversiones significativas en la isla, correspondientes a actuaciones tanto públicas como privadas que ya estaban adjudicadas, licitadas o en fase de ejecución. Ante esta situación, el gobierno insular busca un “plan B” para evitar la paralización de decenas de iniciativas clave para la transición energética.
Un portavoz del Cabildo ha anunciado un próximo viaje a Madrid para reunirse con responsables del área de Energía del Gobierno central. El objetivo es explorar mecanismos que permitan compensar la pérdida de financiación europea. Se ha enfatizado la necesidad de buscar soluciones conjuntas para sacar adelante los proyectos ya preparados.
“"Ahora no se trata de tirarse los trastos a la cabeza, sino de buscar soluciones para sacar adelante proyectos que ya están licitados o preparados."
La negativa de la Comisión Europea a extender el plazo, fijado para este verano, frustra una petición reiterada por el Gobierno de Canarias y respaldada por el Gobierno central, que había solicitado una prórroga de hasta un año para culminar las inversiones vinculadas a la descarbonización. Se estima que la decisión compromete más de 100 millones de euros en Gran Canaria, de los cerca de 500 millones asignados a Canarias.
Entre las actuaciones afectadas se incluyen más de 30 millones en proyectos propios de la corporación insular, más de veinte obras públicas ya licitadas o en ejecución, iniciativas municipales por valor de 5,7 millones y más de 50 millones de inversión privada destinada a instalaciones de autoconsumo, almacenamiento energético, hoteles, industrias, plantas de agua y comunidades energéticas.
Un portavoz del Cabildo ha defendido el “trabajo conjunto” realizado entre administraciones y el sector privado para intentar salvar la financiación. Ha señalado que el Cabildo puso a disposición sus equipos jurídicos para elaborar propuestas dirigidas al Gobierno central y a Bruselas, destacando la sintonía con el Gobierno de Canarias y diversas asociaciones empresariales.
A pesar de los esfuerzos, se ha criticado la “falta de sensibilidad” de la Comisión Europea ante las dificultades administrativas y técnicas de los territorios insulares para ejecutar proyectos complejos en plazos ajustados. Se ha calificado la decisión como “absolutamente desafortunada”, lamentando que sí se hayan permitido prórrogas en otras líneas energéticas.
También se ha reprochado al Gobierno central una reacción tardía, aunque se ha insistido en la importancia de encontrar soluciones. El responsable insular ha reclamado al Ejecutivo autonómico y al Estado nuevas vías de financiación, como mecanismos compensatorios a través del IDAE u otros fondos europeos, para evitar la paralización de las inversiones.
El Cabildo asegura tener numerosos proyectos preparados y con permisos solicitados que podrían ejecutarse rápidamente si se liberaran nuevos fondos. La pérdida de financiación europea no solo afecta a las obras ya comprometidas, sino también a la capacidad futura de la institución para impulsar la transición energética. Esta situación se ha vinculado al contexto internacional de inestabilidad geopolítica y energética, subrayando la urgencia de la soberanía energética en la isla.
