El sector del transporte en Gran Canaria se encuentra inmerso en un prolongado conflicto entre las empresas de VTC, como Uber o Cabify, que buscan una mayor liberalización, y la postura proteccionista del taxi y del territorio, defendida por la Consejería de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria. Esta confrontación ha generado una extensa serie de litigios judiciales que han llegado hasta el Tribunal Supremo.

El último episodio de esta saga se inició este año con la admisión de un nuevo recurso por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Este recurso, presentado por una filial de Cabify, impugna la negativa de la Consejería de Movilidad Sostenible a otorgar autorizaciones VTC, sumándose a otros procedimientos en curso y cuestionando el modelo de transporte implementado en la isla.

La raíz del desacuerdo se halla en la aplicación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que durante más de una década ha limitado el crecimiento de estas licencias. La normativa establecía una proporción de una autorización VTC por cada 30 taxis, con el fin de evitar la saturación del mercado y proteger al sector tradicional. En Gran Canaria, esto se tradujo en un máximo de 102 licencias VTC frente a más de 2.600 taxis, una cifra que el Cabildo considera adecuada para la realidad insular.

Sin embargo, el marco legal que amparaba al gobierno insular cambió tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de junio de 2023. Este fallo cuestionó la aplicación automática de límites como el 1/30 si no están justificados por razones de interés general y de forma proporcionada. Esta decisión provocó una avalancha de recursos en los juzgados de Las Palmas, argumentando que las denegaciones de la Consejería de Movilidad Sostenible vulneraban el derecho europeo.

Ante los reveses judiciales en instancias inferiores, el Cabildo de Gran Canaria ha elevado el conflicto al Tribunal Supremo. La defensa jurídica del gobierno insular argumenta que la doctrina europea no es directamente aplicable a la realidad del archipiélago, debido a su condición de región ultraperiférica, su fragmentación territorial y la doble insularidad. El alto tribunal ha admitido los recursos, considerando la necesidad de fijar una doctrina clara sobre si la singularidad de Canarias justifica restricciones específicas frente al criterio liberal europeo.

Paralelamente a la batalla judicial, el Ejecutivo regional aprobó en agosto de 2025 la Ley 4/2025 de modificación urgente de la Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. Esta reforma eliminó la limitación de la ratio 1/30 y la sustituyó por criterios objetivos vinculados a la capacidad de carga del territorio, la congestión del tráfico, la calidad del aire o la sostenibilidad ambiental. La normativa también estableció una suspensión temporal de dos años en la concesión de nuevas licencias, hasta agosto de 2027, para permitir a los cabildos definir estos nuevos criterios.

La posición del Cabildo es clara: una entrada masiva de VTC podría generar congestión, aumentar las emisiones y poner en riesgo la viabilidad económica del taxi. Por su parte, las empresas de VTC sostienen que las restricciones actuales limitan la competencia y perjudican al consumidor, defendiendo que la apertura del mercado mejoraría la oferta y ajustaría los precios.