La medida, que afectaba a los profesionales de 19 municipios de la isla, ha sido calificada por el sector como una restricción carente de justificación. La resolución judicial, que ya cuenta con un precedente en primera instancia, cuestiona la base legal de esta limitación que se consolidó tras la crisis sanitaria de la COVID-19.
El sistema de 'transfers' permite a los taxistas de toda la isla recoger pasajeros en el aeropuerto de Gran Canaria mediante una plataforma telemática gestionada por la corporación insular. Según los representantes del sector, la imposición de un tope mensual vulnera derechos fundamentales y la libertad de empresa, al tratarse de una práctica que operaba sin restricciones previas a la pandemia.
“"Los magistrados le están diciendo que no existe ninguna motivación."
Aunque la sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, los profesionales del taxi han anunciado su intención de reclamar daños y perjuicios si el fallo adquiere firmeza. La defensa legal del sector está evaluando actualmente el impacto económico derivado de la limitación de su capacidad de trabajo durante este periodo.
Desde el sector se ha denunciado además una disparidad en el control de la actividad, señalando que mientras se restringía a los servicios públicos regulados, el intrusismo de vehículos sin licencia ha continuado operando en las instalaciones aeroportuarias sin la misma presión administrativa.
