Una consultoría dirigida a inversores italianos destaca a las Islas Canarias como la región europea con el régimen fiscal más favorable para la actividad económica. Esta situación se debe a su estatus de región ultraperiférica dentro de la Unión Europea, lo que le permite ofrecer una fiscalidad más ventajosa que la de la España peninsular y otros estados miembros, sin caer en las problemáticas de los paraísos fiscales.
A pesar de estas ventajas, el Gobierno de Canarias, con su orientación “nacionalista”, ha expresado quejas por supuestas discriminaciones por parte del Gobierno de España. El vicepresidente ha llegado a calificar algunas políticas nacionales como “decreto godo”. Paralelamente, se discute la posibilidad de limitar la entrada y el establecimiento de personas en las islas mediante una ley de residencia, mientras se facilitan las inversiones de capitales extranjeros. Esta postura genera interrogantes sobre si la especulación inmobiliaria, impulsada por grandes inversores, contribuye más al aumento de los alquileres que la llegada de trabajadores.
Si tenemos un régimen económico y fiscal distinto al de España, ¿por qué nos quejamos del Gobierno de España cuando hablamos de temas económicos y fiscales?
El REF canario, que incluye figuras como la Zona Especial Canaria (ZEC), la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), no es un privilegio, sino una herramienta estratégica con raíces históricas que se remontan al siglo XVI, cuando la reina Isabel de Castilla concedió exenciones fiscales para fomentar la población de las islas. Este régimen permite a las empresas de la ZEC pagar un 4% de impuesto de sociedades, frente al 25% habitual en España, y un IGIC general del 7%, en contraste con el 21% del IVA peninsular.
La existencia de este régimen diferenciado plantea una reflexión sobre la “cultura fiscal” de Canarias. Se asume que, debido a su ultraperiferia y fragmentación, las islas renuncian a recaudar impuestos suficientes, esperando que Madrid y Bruselas financien infraestructuras y servicios públicos. Esta dinámica lleva a situaciones como la denuncia mediática en Canarias cuando el Gobierno de España anuncia rebajas del IVA, argumentando que no benefician a las islas al no aplicarse este impuesto. La cuestión central es si culpar a un “enemigo externo” es más práctico que buscar soluciones internas a los problemas económicos y fiscales de la región.
