La reciente controversia en torno a Leire Díez, exmilitante del PSOE, ha generado un cruce de declaraciones entre la dirección del partido, el Gobierno y la UCO de la Guardia Civil. Tras las primeras informaciones, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se presentó como víctima, sugiriendo que la UCO podría estar seleccionando objetivos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó no haber sido informado de las actividades de Díez, asegurando que no las habría tolerado.

Sin embargo, las explicaciones oficiales han sido cuestionadas a medida que han surgido nuevos detalles. Inicialmente descrita como una simple exmilitante, se ha revelado que Díez fue colocada en varias empresas públicas, mantuvo reuniones frecuentes con Cerdán en Ferraz, y recibió casi 50.000 euros del partido. Además, se informa de encuentros con Antonio Hernando, exnúmero dos del jefe de gabinete de Sánchez, y con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Estos hechos, desmentidos previamente por el partido, han sido corroborados por informes de la UCO y la instrucción del juez Pedraz. Un informe de la UCO, basado en mensajes interceptados a Díez, sugiere que Sánchez podría haber tenido conocimiento de la actividad de la implicada, contradiciendo las declaraciones del presidente. La evolución del caso mantiene la expectación sobre si las desmentidas actuales serán refutadas con el tiempo, similar a lo ocurrido con tramas anteriores.