La medida, solicitada por el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, busca minimizar el impacto de las restricciones de movilidad y la posible afectación a la seguridad y logística de los desplazamientos. Se insta a los órganos judiciales de ambas islas a revisar los señalamientos y priorizar actuaciones urgentes.

El acuerdo del TSJC surge tras una reunión de la Comisión de Seguimiento y la comunicación del Gobierno de Canarias sobre la prealerta por evento multitudinario. Se alienta el uso de medios telemáticos siempre que sea legal y técnicamente viable para reducir la necesidad de desplazamientos.

Se subraya la importancia de mantener los servicios esenciales, como el servicio de guardia, la atención a detenidos, decisiones urgentes, tutela de derechos fundamentales, protección de menores y víctimas de violencia de género, y cualquier otra actuación judicial inaplazable. En casos donde la celebración presencial sea imposible, se aplicarán las decisiones correspondientes según la legislación procesal, incluyendo la fuerza mayor.