La institución insular ha defendido que la revisión y actualización del PIO, aprobado en 2022, ha sido una prioridad estratégica desde 2015, buscando el desarrollo social, económico y medioambiental de Gran Canaria bajo el principio del interés general. El plan, que ha sido el resultado de un trabajo riguroso durante más de diez años, se ajusta a la legalidad vigente, incluyendo la Ley del Suelo de 2017 y la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, situando a la isla a la vanguardia de la planificación territorial.
El PIO incorpora medidas innovadoras para la descarbonización, el fomento de energías renovables, la mejora de la conectividad, la limitación de la carga turística y la diversificación del modelo turístico. Además, refuerza sectores clave como el primario, impulsa políticas de vivienda, ordena el suelo industrial y planifica infraestructuras esenciales, garantizando la protección del 85,4% de la superficie de la isla y reforzando los espacios naturales.
“"Consideramos que se trata de una resolución injusta, errónea, superficial y desproporcionada, que atenta directamente contra el desarrollo económico y social de nuestra isla."
El Cabildo argumenta que la sentencia es errónea al partir de la premisa de que la Ley de Directrices de Ordenación está derogada, cuando la propia resolución reconoce la vigencia de directrices turísticas y de suelo rústico. También critica que se ignore que el sustento principal del PIO es la Ley del Suelo de 2017, que permite continuar procedimientos ya iniciados. La institución rechaza la afirmación de que el PIO esté vacío de contenido, destacando la inclusión de directrices turísticas y de ordenación del suelo rústico.
La institución insular ha expresado su preocupación por el carácter superficial de la sentencia, que anula un trabajo de más de una década y 35.000 folios con un documento de ocho páginas, sin identificar claramente qué disposición incumple el plan. Esta decisión, según el Cabildo, daña gravemente el interés general de Gran Canaria y cuestiona su capacidad para planificar el territorio.
Ante esta situación, el Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo y el propio TSJC en casación, acudirá al Tribunal Constitucional y estudiará la vía europea. La institución reafirma su compromiso con el PIO, considerándolo un instrumento clave para el futuro de la isla y defendiendo el trabajo de sus funcionarios y la orientación política de un modelo de desarrollo ecosocial.
