La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) ha celebrado la reciente sentencia del TSJC que estima su recurso y anula el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, aprobado en 2022. Este fallo judicial se suma a otras cuatro resoluciones previas que ya habían invalidado el documento territorial.
María Isabel Doreste, presidenta de la PALT, calificó el plan como "un despropósito" y defendió que la impugnación "no era caprichosa", asegurando que la ciudadanía "tenía razón". La nueva sentencia, correspondiente al procedimiento ordinario 67/2023, reitera la nulidad del PIO al considerar que el instrumento presentaba "defectos estructurales insalvables" desde su origen.
Si bien el tribunal mantiene su criterio sobre la tramitación del documento, que se adaptó a normativa parcialmente derogada, el recurso de la PALT introdujo un debate crucial sobre el modelo turístico y residencial propuesto para las zonas del sur de la isla. La plataforma cuestionó preceptos del PIO que, a su entender, limitaban los derechos de los propietarios de apartamentos y bungalows en núcleos turísticos.
Entre los puntos impugnados se encontraba la imposibilidad de compatibilizar usos turísticos y residenciales en una misma parcela, así como las restricciones al uso residencial temporal en complejos turísticos. La PALT argumentó que estas determinaciones impedían a miles de propietarios el uso libre de sus inmuebles y favorecían la expulsión de residentes de estas zonas.
La plataforma también denunció la inseguridad jurídica generada durante la tramitación del plan, señalando que numerosas alegaciones ciudadanas no recibieron respuesta expresa por parte de la administración insular. Alertaron, además, del riesgo de importantes indemnizaciones económicas si el PIO obligaba a modificar planeamientos municipales consolidados.
Otro aspecto cuestionado fue la ordenación de infraestructuras previstas, como el proyecto de puerto deportivo en Bahía Feliz, advirtiendo de su posible afección ambiental al ubicarse cerca de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sebadales de Playa del Inglés. Sin embargo, la nulidad total del PIO hace innecesario que el tribunal analice en profundidad cada una de las determinaciones concretas.
Con esta resolución, el TSJC acumula cinco sentencias contrarias al PIO, que fue aprobado definitivamente por el Cabildo en diciembre de 2022. El gobierno insular ha defendido la legalidad del documento y ha elevado recursos de casación ante el Tribunal Supremo, manteniendo que el PIO sigue vigente hasta que exista una sentencia firme.
