El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria ha sufrido un revés judicial significativo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha fallado a favor de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, declarando la nulidad de la revisión del plan. La sentencia critica la adaptación del plan a una normativa turística que ya había sido derogada, señalando la falta de lógica en dicho proceso y la persistencia de referencias a directrices obsoletas en los documentos.
La plataforma recurrente argumentó la inadecuación de la ordenación del tejido turístico, especialmente en suelos ya urbanizados, al no reconocer usos residenciales tradicionales y compatibles. Sostuvo que las normas formuladas carecían de justificación suficiente o respondían a una realidad física y jurídica desactualizada, incumpliendo mandatos legales y situaciones amparadas por la ley. La respuesta del Cabildo y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, que desestimaban los argumentos de la demandante Maribe Doreste, no convencieron al tribunal.
Otro punto clave del recurso se centró en la exclusión de una parte del LIC marino Sebadales de Playa del Inglés para dar cabida a una concesión y mantener la propuesta de un puerto deportivo en Bahía Feliz. La plataforma denunció que esta exclusión afectaba gravemente a un espacio natural marino protegido sin los estudios pertinentes.
“"Carece de sentido alguno revisar un Plan Insular para adaptarlo a una normativa derogada, siendo lo lógico adaptarlo a la normativa vigente."
La sentencia, fechada el 17 de junio, fundamenta la nulidad en la incoherencia con fallos previos de la misma sala y en la vulneración del régimen transitorio y la eficacia derogatoria de la Ley 4/2017, de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. La irregularidad principal reside en que el Cabildo de Gran Canaria aprobó en 2022 una revisión del PIO para adaptarse a la Ley 19/2003, cuando esta ley ya había sido mayoritariamente derogada en septiembre de 2017.
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) considera que el PIO responde a un modelo turístico obsoleto centrado en la maximización de camas, en detrimento de la población local y sus costumbres. Denuncian que la decisión de eliminar la compatibilidad entre uso residencial y turístico no fue un error técnico, sino una decisión política deliberada. La plataforma también critica la asunción de que la presión turística puede duplicarse sin consecuencias, calificándolo de "absoluto desatino".
La PALT recuerda que su acción legal no solo buscaba proteger el derecho al uso de viviendas en el sur de Gran Canaria, sino también oponerse a la propuesta de un puerto deportivo de alta capacidad en el litoral de Bahía Feliz, dentro de la zona de especial conservación Sebadales de Playa del Inglés, a pesar de las graves afecciones ambientales que ocasionaría. La plataforma celebra esta sentencia, que se suma a otras cinco previas contra el PIO en los últimos meses.
