Según Luis Escalada, portavoz del colectivo vecinal, el Ayuntamiento de Arucas no ha formalizado la recepción oficial de la urbanización, lo que ha resultado en una "ausencia continuada" de servicios municipales fundamentales. A pesar de esta falta de atención, los vecinos han cumplido rigurosamente con sus obligaciones fiscales, incluyendo el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que estiman ha generado una recaudación superior a 1,3 millones de euros.

Entre las deficiencias más notables, los residentes señalan el deterioro del asfaltado, problemas en el sistema de alcantarillado, la acumulación de maleza en solares con el consecuente riesgo de incendio, un alumbrado público deficiente y una carencia generalizada de mantenimiento. Además, durante años han carecido de infraestructuras básicas como aceras, obligando a los vecinos a transitar por la carretera general en "condiciones de inseguridad".

Los vecinos critican la "falta de respuesta por parte del Ayuntamiento" a sus reclamaciones formales. Hace aproximadamente un año, cerca del 90% de los residentes solicitaron la recepción tácita de la urbanización, respaldando su petición con argumentos jurídicos y jurisprudencia, pero "sin haber obtenido respuesta" hasta la fecha. También denuncian una falta de coordinación entre las administraciones públicas, ya que el Cabildo de Gran Canaria ha asumido ciertas actuaciones, mientras que el Ayuntamiento ha eludido sus responsabilidades, incurriendo en una "situación de inacción prolongada".

Los afectados advierten que su caso "no es aislado" y lo comparan con otras urbanizaciones del municipio que enfrentan situaciones similares, lo que, a su juicio, demuestra un "patrón de gestión basado en la demora administrativa y la falta de asunción de competencias". Ante esta situación, los vecinos han decidido emprender acciones legales, considerando que podría existir una "dejación de funciones" por parte de la administración local.