La iniciativa legislativa busca garantizar la continuidad de herramientas como el Desarrollo Local Participativo (DLP) y los Grupos de Acción Local Pesquera (GALP). Estos mecanismos, vigentes durante las últimas dos décadas, han sido fundamentales para diversificar la economía azul, crear empleo y fortalecer la cohesión social en las zonas costeras. Chinea ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que la reorganización de los fondos europeos pueda comprometer la especificidad de estos instrumentos y diluir las ayudas dirigidas a las comunidades pesqueras.
Por ello, la moción propone mantener los GALP como entidades de gobernanza y participación propias del sector pesquero. Se pone un énfasis particular en Canarias, reconociendo su estatus de región ultraperiférica y las singularidades derivadas de su fragmentación territorial, así como el peso de la pesca artesanal y de bajura, especialmente relevante en La Gomera.
El senador gomero argumenta que las políticas europeas deben considerar estas características únicas para asegurar una aplicación efectiva del principio de proporcionalidad en el control pesquero. "Europa no puede seguir aplicando soluciones uniformes a territorios con realidades diferentes como Canarias", afirmó Chinea, subrayando la necesidad de un tratamiento específico que reconozca los condicionantes geográficos y económicos de las regiones ultraperiféricas.
Chinea destacó que la flota canaria se compone mayoritariamente de embarcaciones artesanales y de bajura, lo que hace imprescindible adaptar las exigencias técnicas y administrativas a la realidad operativa del sector. "La sostenibilidad y la modernización son objetivos irrenunciables, pero deben ser compatibles con la supervivencia de una pesca artesanal que constituye un elemento estratégico para Canarias y un ejemplo de aprovechamiento responsable de los recursos marinos", añadió.
Entre las medidas concretas, la moción solicita reforzar el Desarrollo Local Participativo en los archipiélagos de Canarias y Baleares, teniendo en cuenta la insularidad y la fragmentación territorial. Asimismo, insta al Gobierno de España a promover, en el seno de la Unión Europea y en coordinación con las comunidades autónomas afectadas, una adaptación de las obligaciones técnicas y administrativas para la pesca artesanal y de bajura. El objetivo es asegurar la viabilidad económica, social y cultural de esta actividad, considerada estratégica para los territorios insulares y reclamada por el sector pesquero canario.
