La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, y el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, se reunieron este jueves para concretar los detalles de la Orden de subvenciones del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC). Esta orden está destinada a la restauración del potencial agrícola en La Palma, afectado por la erupción del volcán Tajogaite.
La consejera Barreto explicó que el PEPAC debe contar con fondos suficientes para atender las necesidades de los agricultores que ya están en proceso de reconstrucción de sus fincas. Por su parte, el consejero Quintero destacó que una novedad importante de la convocatoria es la incorporación de las bases reguladoras, lo que agilizará los trámites administrativos y adaptará la medida a las circunstancias excepcionales de la reconstrucción de las explotaciones agrarias.
El objetivo de esta línea de apoyo es facilitar la reconstrucción y reanudación de la actividad productiva y económica de los titulares de explotaciones agrarias. Tras recibir la indemnización por la pérdida de terrenos sepultados por la lava, podrán acceder a financiación de la Consejería para sufragar las actuaciones necesarias para culminar la reconstrucción de sus parcelas.
En la reunión, a la que asistieron el viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, y el director general de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez Marín, también se abordó la fórmula para que la Consejería de Agricultura pueda finalizar el pago de las cenizas.
Ambos consejeros reafirmaron el compromiso del Gobierno de Canarias de seguir apoyando a los cerca de 6.000 agricultores de La Palma. Estos agricultores realizaron un esfuerzo extraordinario durante los tres meses de erupción para retirar continuamente las cenizas de sus cultivos, labor fundamental para mantener la actividad agraria y preservar miles de puestos de trabajo.
La consejera Nieves Lady Barreto concluyó señalando que el Gobierno de Canarias destina fondos extraordinarios para cubrir estas necesidades, a la espera de los 300 millones que debe ingresar el Gobierno de España.
