El Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias ha emitido un informe concluyendo que el Gobierno de Canarias carece de un "fundamento jurídico" sólido para negarse a facilitar a la diputada socialista Alicia Vanoostende la identidad de quienes han recibido las ayudas por el volcán de La Palma. Estas subvenciones, hasta febrero, ascendían a 340 millones de euros.
La negativa del Ejecutivo autonómico, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, a proporcionar esta información ha generado malestar en la oposición y división entre expertos en transparencia. El Gobierno argumenta que identificar a los beneficiarios vulneraría su intimidad y derecho al honor, al poder revelar su situación económica previa a la erupción de 2021.
El Ejecutivo se ampara en la Ley General de Subvenciones y en la orden reguladora de estas ayudas, que buscan "evitar la divulgación de la condición de persona afectada por la erupción". También invoca la ley canaria de volcanes, modificada para impedir la divulgación de identidades.
La diputada Vanoostende rechazó la oferta de consultar la información de forma presencial en las dependencias de la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social de La Palma, denunciando una vulneración de su derecho a la participación política al no haberse declarado formalmente secreta la documentación.
El informe del Servicio Jurídico, de 24 páginas y fechado el 27 de mayo, califica de "incongruente" la postura del Gobierno, liderado en este caso por la Consejería de Presidencia de Nieves Lady Barreto, al ofrecer la consulta presencial mientras se niega el acceso formal. El documento señala que la vía legal para proteger la información hubiera sido solicitar su declaración como "secreta" a la Mesa del Parlamento en un plazo de diez días, algo que no se hizo.
El escrito concluye que la negativa del Gobierno podría "implicar una lesión del derecho de acceso a la documentación requerida" por los representantes públicos. Se detallan tres vías para que la diputada reclame los datos: una queja ante el Comisionado de Transparencia, un recurso contencioso-administrativo o una propuesta de resolución al Pleno del Parlamento.
El grupo socialista ha presentado una propuesta de resolución para que la Cámara vote "rechazar toda actitud obstruccionista" del Gobierno y respalde el derecho de Vanoostende, exigiendo la remisión de la documentación en "el plazo improrrogable de un día".
La controversia llegó a los tribunales después de que la Consejería de Presidencia demandara a la Comisionada de Transparencia, Noelia García, quien defendía la difusión de la información. La Comisionada sostiene que recibir fondos públicos tras una catástrofe no es un dato "especialmente protegido" y aboga por la transparencia para evitar fraudes.
El órgano también cuestiona la enmienda retroactiva incorporada por el Gobierno a la Ley de Volcanes para "evitar un pronunciamiento judicial desfavorable". El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha fijado el 14 de abril de 2027 para la votación y fallo de este caso.
