El decreto-ley introduce cambios en cuatro disposiciones legales aprobadas tras la erupción volcánica de 2021. El objetivo es atender situaciones surgidas durante su aplicación, especialmente en lo relativo al alojamiento de personas damnificadas, la reconstrucción de edificaciones, la ordenación del territorio y el restablecimiento de actividades económicas y agrarias afectadas.
Entre las novedades se incluye la posibilidad de trasladar a familias alojadas en viviendas prefabricadas a otras de carácter convencional, nuevas condiciones para la reubicación de edificaciones y explotaciones agrarias, compensaciones para propietarios afectados por la futura ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja, y la regulación de la transmisión de explotaciones plataneras.
En materia de vivienda, se contempla el traslado de residentes en casas prefabricadas a viviendas convencionales, siempre que mantengan los requisitos de realojo. También se modifica la regulación sobre segregación de parcelas en suelo rústico para contemplar supuestos con vivienda ya construida.
Se establece una compensación económica para propietarios cuyas propiedades queden incluidas en la ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja y no puedan reconstruir en sus parcelas originales. La cuantía se determinará por el valor de terrenos aptos para la reconstrucción y el uso previo de los inmuebles. Se contempla también la reubicación de construcciones y actividades en otros terrenos de la isla, extendiendo hasta el 31 de diciembre de 2030 el régimen especial para estos supuestos.
En relación con las actividades económicas, la norma regula la reubicación de inmuebles industriales, comerciales y turísticos destruidos por la erupción en otras parcelas de La Palma.
En materia agraria, se modifican las condiciones de reubicación de explotaciones afectadas por la lava, permitiendo su traslado a otras parcelas. Se regula la transmisión de explotaciones plataneras a otros productores, quienes asumirán derechos y obligaciones, incluidas las ayudas del POSEI. Los adquirentes deberán comprometerse a restablecer la actividad agraria en dos años y mantenerla en producción durante cinco años.
El decreto-ley también modifica el régimen de actualización de anexos territoriales y agrarios, permitiendo adaptar la zonificación a la evolución de las condiciones de la colada, según informes del Cabildo Insular de La Palma.
Estas modificaciones afectan al Decreto-ley 15/2021, al Decreto-ley 1/2022, a la Ley 2/2024 y a la Ley 3/2024, que conforman el marco normativo específico tras la erupción volcánica de 2021.
