Esta designación, realizada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, marca la primera aplicación del decreto que regula la figura del personal experto como facilitador judicial. La normativa, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 15 de septiembre, busca apoyar a personas con discapacidad y mayores en las sedes judiciales y fiscales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La consejera Nieves Lady Barreto ha destacado que esta iniciativa representa un avance hacia una Administración de Justicia más accesible e inclusiva, permitiendo la participación en igualdad de condiciones de todas las personas, especialmente aquellas que requieren apoyos específicos.
La finalidad del facilitador judicial es mejorar la comprensión y la comunicación durante los procedimientos, adaptando la información y las interacciones a las necesidades individuales, sin sustituir la voluntad de la persona ni interferir en las funciones de los profesionales.
El decreto contempla que, además de las personas con discapacidad, los mayores de 65 años podrán solicitar este recurso. Para los mayores de 80 años, la intervención podrá acordarse de oficio si se detecta la necesidad de apoyo.
La implementación de estas medidas se realizará de forma progresiva: a partir de 2026 en asuntos penales, desde 2027 en el orden civil y desde 2028 en los restantes órganos judiciales.
