La Sala de lo Penal detectó esta irregularidad, calificada de “intolerable”, durante la revisión de una sentencia de la Audiencia de Las Palmas. Dicha sentencia había condenado a nueve personas a penas de hasta seis años de cárcel por tráfico de drogas, tras introducir cocaína en Lanzarote.
Para impugnar la resolución, el letrado invocó una supuesta sentencia del Tribunal Supremo de 2020 y otra del Tribunal Constitucional de 1990. Estas citas, presentadas como centrales en su recurso, buscaban cuestionar la documentación que respaldaba la actuación policial y fundamentar una posible nulidad de las actuaciones.
Los párrafos con la supuesta jurisprudencia que menciona el letrado no aparecen en las sentencias citadas, ni en otras con una numeración conexa.
Los magistrados del TSJC enfatizan que la sentencia del Supremo invocada “no solo no guarda ninguna relación con esta cuestión (documentación de las diligencias policiales) sino que no contiene ni ese texto, ni ninguno parecido”. Una situación idéntica se dio con la sentencia del Constitucional.
El tribunal considera que no se trata de un “mero desliz o error venial”, sino de una conducta “intolerable” que podría acarrear una corrección disciplinaria. Esta situación se compara con otro caso reciente donde un abogado utilizó jurisprudencia inventada por una aplicación de inteligencia artificial sin verificarla.
“"Esta conducta tiene otro efecto, que es el de la pérdida de la confianza en la profesionalidad técnica, lo que conduce a desviar la tarea judicial a la comprobación de las citas jurisprudenciales invocadas en los escritos de los profesionales, lo que conduce a una ralentización de las resoluciones."
Finalmente, el TSJC ha rechazado los recursos presentados y ha confirmado las condenas dictadas por la Audiencia de Las Palmas contra los narcotraficantes implicados en la causa.
