La entidad, responsable de la desalación, distribución y saneamiento en Lanzarote, ha manifestado su intención de activar todas las vías legales oportunas para proteger sus intereses, sin descartar ninguna jurisdicción o acción en derecho. Este anuncio se produce tras la convocatoria de la asamblea del Consorcio del Agua, que reunirá a los siete alcaldes de la isla y al presidente insular, Oswaldo Betancort.
Según la versión de la empresa, contratada en 2013 con la mediación del entonces presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, la opción de cesión a un tercero aún no está oficialmente cerrada. Esta posibilidad, que implicaría a Sacyr y Aqualia, había sido dada por zanjada por la representación insular debido a supuestos incumplimientos en los plazos establecidos para facilitar una salida.
Canal Gestión Lanzarote también atribuye a la parte contraria el deficiente estado de gran parte de las infraestructuras. La mercantil asegura haber realizado y justificado inversiones por un valor superior al exigido en el pliego, además de haber abonado el canon inicial y adjudicado contratos para obras urgentes de renovación y reparación. Estas inversiones, según la empresa, fueron previamente consensuadas, aunque muchas de ellas, doce años después, aún esperan ser reconocidas.
La representación insular de Canal de Isabel II tiene previsto activar, «con la máxima contundencia, todas las vías legales oportunas para defender sus intereses, sin excluir ninguna jurisdicción o acción que proceda en Derecho».
La empresa señala que estas circunstancias contribuyen a las significativas pérdidas de agua en la red, que en 2025 alcanzaron el 55,4% del líquido producido, con porcentajes similares en años anteriores. Finalmente, Canal Gestión Lanzarote afirma que su economía se ha visto perjudicada en más de 40 millones de euros debido a la falta de una revisión al alza de las tarifas.
