José Torres, miembro de la comisión de Seguridad y Emergencias y Sanidad de la Plataforma del Municipio de Haría (PMH), ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía de los juzgados de Arrecife. El escrito plantea interrogantes sobre la legalidad de los procedimientos de contratación del servicio de transporte sanitario público para urgencias en las islas de Lanzarote y La Graciosa, sugiriendo posibles infracciones administrativas y delitos relacionados con la gestión de contratos públicos.
La denuncia detalla que las prácticas observadas podrían vulnerar principios fundamentales de la contratación pública, como la concurrencia, la eficiencia y la no duplicidad. Según Torres, la Fiscalía ha aceptado la denuncia para su tramitación.
“"Los contratos en vigor son correctos."
Por su parte, la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y encargada de la gestión del transporte sanitario en las islas, ha declarado desconocer la existencia de dicha denuncia. La GSC defiende la validez de sus contratos actuales, afirmando que son “correctos”.
Uno de los puntos clave de la denuncia se centra en la existencia de una nueva licitación para el servicio en La Graciosa, a pesar de que, según el denunciante, ya existía un contrato insular vigente que cubría también esta isla. El documento argumenta que esta posible duplicidad podría contravenir la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que restringe la adjudicación de contratos paralelos cuando ya existe uno activo para el mismo objeto y territorio.
Asimismo, la denuncia examina la gestión de una adenda contractual en el municipio de Tinajo, donde la prestación habría sido asignada a una ONG en lugar de a la unión temporal de empresas inicialmente adjudicataria. Se menciona también la firma de un nuevo contrato con esta entidad el 9 de abril de 2025, a pesar de que, según el denunciante, un contrato insular previo seguía en vigor.
El escrito también destaca la supuesta dificultad para acceder a documentación oficial, atribuida a la falta de colaboración de administraciones públicas como el Ayuntamiento de Tinajo y el Gobierno autonómico. Esta situación, según la denuncia, habría obstaculizado la recopilación de pruebas para esclarecer los hechos.
La denuncia concluye señalando que los hechos podrían tener implicaciones penales, apuntando a posibles delitos como prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación o tráfico de influencias. Por ello, se solicita a la Fiscalía la apertura de diligencias para investigar lo sucedido y determinar responsabilidades. El denunciante ha expresado su disposición a colaborar con la Justicia, aportando cualquier información adicional relevante para la investigación.
