La medida, adoptada este lunes, responde a las "perturbaciones graves" que afectan al servicio. Un portavoz del Cabildo ha destacado la unidad política en esta decisión, enfatizando que el interés general de los ciudadanos prevalece sobre las diferencias partidistas.
“"Hoy en Lanzarote hemos demostrado que el interés general de nuestros vecinos debe estar y está por encima de colores políticos. Agradezco a los alcaldes que respalden las propuestas de los técnicos del Consorcio del Agua. Unidos será más fácil afrontar uno de los grandes problemas de la legislatura, porque la deficiente gestión del servicio público del agua afecta a todos los vecinos y visitantes de esta isla."
El portavoz también ha asegurado la continuidad laboral de los trabajadores de Canal Gestión y ha expresado su confianza en que la resolución del contrato permitirá solucionar los problemas hídricos en Lanzarote. La intervención del servicio cuenta con el respaldo de informes técnicos y jurídicos, además de ser considerada una necesidad por el sentido común.
Un informe técnico del 1 de abril concluyó que los problemas del servicio son generalizados, afectando a la desalación, distribución, saneamiento, depuración y reutilización. Los incumplimientos reiterados por parte de la concesionaria han generado afecciones directas a los usuarios y al medio ambiente, que se agravan día a día.
El procedimiento para la resolución del contrato requiere un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias, un trámite que suspenderá los plazos del expediente por un máximo de 30 días hábiles. Una vez recibido el dictamen, la propuesta final se elevará nuevamente a la Asamblea para la decisión definitiva.
La intervención implica que el Consorcio asumirá directamente la dirección del servicio, utilizando los recursos humanos y materiales existentes de Canal Gestión. Se designarán interventores con capacidad decisoria para asegurar la continuidad del sistema. La empresa concesionaria tendrá un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones antes de que la Asamblea del Consorcio adopte la decisión final sobre la medida cautelar de secuestro del servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración en Lanzarote y La Graciosa.
