Lanzarote avanza en la rescisión del contrato de Canal Gestión

El Consorcio Insular del Agua mantiene su hoja de ruta para resolver el servicio por "incumplimiento gravísimo", a pesar de las alegaciones presentadas.

Imagen simbólica de un conflicto legal por la gestión del agua en Lanzarote.
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Imagen simbólica de un conflicto legal por la gestión del agua en Lanzarote.

El Consorcio Insular del Agua de Lanzarote mantiene su firme decisión de resolver el contrato de gestión del ciclo integral del agua a Canal Gestión Lanzarote, filial de Canal de Isabel II, debido a "incumplimientos gravísimos".

A pesar de las alegaciones presentadas por Canal Gestión Lanzarote el pasado viernes 15, reclamando resolver el contrato y exigiendo compensaciones económicas, el Consorcio Insular del Agua, compuesto por el Cabildo y los consistorios, prosigue con su estrategia para recuperar la gestión del servicio. El consejero insular, Domingo Cejas, ha afirmado que la "hoja de ruta es firme" y se basa en "incumplimientos gravísimos" por parte de la empresa.
Entre las deficiencias señaladas por el Consorcio se encuentran las frecuentes pérdidas en la red, que superan el 50% de la producción, cortes de suministro habituales y dudas sobre la ejecución de inversiones supuestamente realizadas. Cejas asegura que "tenemos claro cómo poder resolver este problema, para bien de las islas de Lanzarote y La Graciosa".
La resolución del contrato está a expensas del dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, que se espera a lo largo de junio y que será crucial para formalizar la salida de Canal Gestión Lanzarote. Paralelamente, para el mismo mes, se prevé un pronunciamiento de la Comisión de Precios de Canarias sobre la revisión de las tarifas del agua.
Canal Gestión Lanzarote, que asumió la gestión integral del agua en 2013, presentó alegaciones el pasado viernes 15 con el objetivo de refutar los argumentos del Consorcio y exigir el cumplimiento de inversiones pendientes. La empresa afirma tener pendientes de ingresar 40 millones de euros por la revisión de tarifas y cuestiona el destino de 50 millones de euros en concepto de canon, cedidos a la empresa pública Inalsa como préstamo.